domingo, 23 de mayo de 2010
martes, 20 de abril de 2010
miércoles, 17 de marzo de 2010
La 16 de enero con Cristina en Mataderos!!!
"LA ARGENTINA ES UNA GRAN FABRICA RECUPERADA"
Cristina: "Es hora de que empiecen a pagar los pecadores"
Durante la reapertura de una cooperativa de trabajo en Mataderos, acompañada por el histórico dirigente gráfico, Raimundo Ongaro, la Presidenta afirmó que si la oposición "no quiere ayudar, que no empujen para cerrar las fábricas que estamos recuperando". Se manifestó cansada de la frase que sostiene que "siempre pagan justos por pecadores" y abogó por que sean los justos quienes "tengan derecho al trabajo y a una vida digna".
sábado, 13 de marzo de 2010
jueves, 11 de marzo de 2010
miércoles, 10 de marzo de 2010
jueves, 18 de febrero de 2010
La Agrupación en El Calafate. Acto Cristina
La Agrupación Peronista 16 de enero de 1959 estuvo presente en el acto del Aniversario del Lago Argentino, inaugurando su actividad en ese Municipio.
En la foto Adrián Stecco con el cartel de la agrupación.
En la foto Adrián Stecco con el cartel de la agrupación.
sábado, 13 de febrero de 2010
jueves, 11 de febrero de 2010
MAS DE 300 LEYES DE LA CIUDAD PARALIZADAS POR NO TENER REGLAMENTACIÓN
La falta de reglamentación que reina en las leyes de la Ciudad de Buenos Aires es catalogada por la oposición al Gobierno de Mauricio Macri, como una “forma de veto encubierta”. Con dos tercios de las leyes dictadas no reglamentadas, la gestión Macri tiene en su haber el mayor índice de incumplimiento desde Diciembre de 1997.
“Macri falsea permanentemente sus contratos con la ciudadanía. La falta de reglamentación implica en la práctica un doble derecho de veto, lo que constituye una violación a los principios de la Constitución de la Ciudad”, así la legisladora porteña de la Coalición Cívica, Diana Maffía, cataloga lo que puede entenderse como una falla en la gestión del actual Jefe de Gobierno porteño, que podría traducirse en “una forma de veto velada que funciona como mecanismo para frenar leyes sin asumir el costo político que estas decisiones pueden conllevar”.
Lo cierto es que las cifras son algo desalentadoras, ya que en la Ciudad de Buenos Aires se han sancionado un total de 3056 leyes (según lo informado en la página Web del la Dirección General Centro Documental de Información y Archivo Legislativo), de las cuales se encuentran vigentes 2847, entre las que requieren reglamentación parcial o total cerca del 15 por ciento.
Según un informe elaborado por el equipo técnico de la legisladora Maffía, de un conjunto de más de 400 leyes que necesitan intervención del Poder Ejecutivo, el 72% (302 leyes) todavía no cuenta con su respectiva reglamentación por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Lo que se está atravesando es peor que tener una ley trabada, dado que si el Ejecutivo veta una ley, tiene que expresar su fundamentación y esta oposición queda públicamente de manifiesto, en cambio si no se reglamenta, no se afronta ningún costo político que pueda llegar a traer aparejada la decisión”, sentencia Maffía.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Pablo Arenaza es firme cuando manifiesta su punto de vista y explica que se trata de “una irresponsabilidad que no se reglamenten leyes que son aprobadas por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en cuyo texto se explicita la obligación del Poder Ejecutivo de reglamentar la norma”.
Según la información a la que accedió este diario, una tercera parte de las leyes vigentes no reglamentadas por el Poder Ejecutivo corresponde a cuestiones que afectan a las condiciones de vida inmediatas de los ciudadanos, por ser competencia relativa de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud. Un 20% de estas normas corresponde al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y un 3% es de incumbencia del Ministerio de Hacienda.
Diego Kravetz, titular de la bancada K porteña, considera que la jugada política es “una forma de llevar una ley a letra muerta. Porque en definitiva, sobre todo en la Legislatura, donde la mayoría de las leyes han sido consensuadas por los bloques, es como dejar sin efecto lo que piensa la mayoría de los votantes de la Ciudad de Buenos Aires incluyendo, en algunos casos, al bloque oficialista. Se desvirtúa así la voluntad popular inclusive de quien está gobernando, es como no prestar atención a sus propios votantes”.
Desde el PRO, el legislador Fernando De Andreis, comenta que se trata de resultados parciales ya que, a su entender, “la oposición ha analizado el tema en forma genérica, sin analizar caso por caso la totalidad de las leyes individualizadas y no refleja la real situación de las leyes sancionadas por la Legislatura. Es una apreciación parcial. Muchas veces la oposición está más preocupada en poner palos; en cambio, nosotros apelamos al diálogo y a la búsqueda de consensos”.
El diputado a su vez acusa la postura de la oposición y explica que “en los últimos tiempos hemos sido víctimas de ataques hostiles basados en cuestionamientos a diferentes designaciones de funcionarios, vetos de leyes. Pero, mientras la oposición continúe atacándonos, nosotros seguiremos trabajando y generando leyes y políticas públicas beneficiosas para nuestros vecinos”.
URGENCIA SOCIAL
Cuando se trata de la distribución de presupuesto, el conflicto parece acentuarse significativamente, lo que genera aires de disconformidad entre los integrantes de la oposición porteña.
Desde el bloque de la Coalición Cívica explican que en el caso de la Ley de Atención y Prevención de Adicciones -un tema de suma urgencia en materia social- la totalidad del presupuesto depende del Ministerio de Desarrollo Social, a pesar de que la ley indicaba que debía tratarse de un trabajo interministerial, en el que debían intervenir el Ministerio de Salud, Educación y Seguridad. Dado que no existió la reglamentación de la norma, el Ministerio de Desarrollo Social tomó la iniciativa de una reglamentación parcial y pidió presupuesto, quedándose así con la disposición total de más de 10 millones de pesos. “Desarrollo Social finalmente destinó cero pesos de su presupuesto a la prevención de adicciones, y esto porque la prevención no es negocio para nadie”, critica Maffía.
En lo que refiere a la información de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, surge que entre las leyes que aún esperan reglamentación se encuentran algunas normas vinculadas con derechos consagrados en la Constitución de la Ciudad como la ley Nº 120/98 -de Empleo, la ley Nº 2202 -Derecho a la identidad- y la 2784 -Prevención y Asistencia Víctimas Violencia Familiar y Doméstica- cuyo ejercicio se ve cercenado por la ausencia del texto normativo específico que lo reglamente.
Las voces de disconformidad entre los bloques opositores se hacen escuchar en los pasillos de la legislatura porteña, donde acusan al Jefe de Gobierno de llevar adelante políticas hegemónicas y carentes de gestión social. “Si hacemos un consenso en la legislatura para sacar una ley, donde se supone que todos los bloques estarían representados, y acto seguido el Ejecutivo procede de esta forma, sencillamente se está violentando la voluntad legislativa que representa a las mayorías y a las minorías de la Ciudad”, critica duramente Maffía.
La diputada nacional del Movimiento Popular Neuquino, Alicia Comelli, expuso su opinión en el marco de las Jornadas sobre Reglamentación de Leyes, y advirtió que en caso de no reglamentarse una norma, sería importante que “se tenga la potestad de sancionar al funcionario que omitió dicho acto normativo”.
Por su parte, el senador nacional del partido Proyecto Buenos Aires Federal, Samuel Cabanchik -también presente en el debate- hizo hincapié en la necesidad de terminar con “la omisión que se repite en numerosas administraciones nacionales y jurisdiccionales” y remarcó que “el veto genera una especie de perversión del sistema republicano tal cual está consagrado en la Constitución Nacional. Tenemos que fortalecer de los legislativo, la fuerza del derecho; el lugar que la República le da a los que no tienen poder”.
Desde el bloque K, Kravetz explica que esta problemática fue tratada durante la pasada Jefatura de Gobierno y los posibles caminos a seguir, en aquel momento, fueron dos: llevar el tema a la justicia para que haga operativas las leyes sancionadas, o encarar la problemática desde el estamento político repudiando la actitud del Jefe de Gobierno. En lo que refiere al panorama actual, Kravetz comenta que no considera que deba emprenderse el camino de la justicia ya que “hay que en cuestiones políticas es en este terreno donde hay que ganar o perder, y creo que lo que se puede hacer es repudiar su actitud y pedirle que empiece a hacer operativas la leyes”.
POSICIONES
En el ranking de esta falla de gestión, no existe ex Jefe de Gobierno que se salve. Así, Mauricio Macri se alza en el podio de incumplimientos, encabezando las estadísticas con un total de 98 leyes sin reglamentar, llevando cumplida recién la mitad de su período. “Seguramente se ha tratado de una falta de voluntad por ejecutar definiciones que la Legislatura ha convertido en ley. Sin embargo, lo relevante aquí es que el Poder Ejecutivo cuenta con una herramienta constitucional, que es el veto, si no está de acuerdo con una ley ¿Por qué incurre en una falta si puede hacerlo por una vía legal? En otros casos, quizás, porque las mismas leyes no especifican los plazos para la reglamentación, a lo que podría sumarse una gran carga burocrática que demora la redacción y aprobación de la requerida norma complementaria”, explica Arenaza. Los datos marcan que un tercio (36,4%) de las leyes vigentes no reglamentadas fue sancionado y publicado durante la Jefatura de Gobierno a cargo de Aníbal Ibarra; otro tercio (32,5%) durante la actual gestión del Jefe de Gobierno del PRO, mientras que los restantes índices corresponden a los períodos de gobierno de Jorge Telerman, Fernando De la Rúa y Enrique Olivera. Lo cierto es que -según el relevamiento- desde 1997 a 2009, tomando como base de cada 100 días de gobierno, se omitieron reglamentar 6 leyes que así lo requerían, mientras que en la actual gestión de Macri se omitieron reglamentar 18 leyes, triplicando la media del período de análisis. Es seguido de cerca por el gobierno de Jorge Telerman con 10 leyes no reglamentadas por cada 100 días de mandato. “Esta falta de gestión no perjudica el funcionamiento legislativo porque el Cuerpo no va a dejar de legislar por la desidia del Ejecutivo de no proceder con la reglamentación en los casos en los que es necesaria”, concluye Arenaza. Frente a este panorama, se ve a todas luces que la vida política de la Ciudad parece estar sumida en una preocupante transición de déficit de gestión; en medio de este panorama, desde la Jefatura de Gobierno porteña se reclama permanentemente mayor independencia a la Nación, pero los hechos dejan ver una real falta de capacidad que no hace más que referirse a una Ciudad a la que le falta mucho camino por recorrer.
PROYECTOS DE LEY
Desde la Coalición Cívica, Maffía presentó dos proyectos de ley que buscan encaminar las gestiones en lo que refiere a reglamentación de leyes: Obligación de Reglamentar y Acción de Hábeas Norma.
En lo que refiere a la iniciativa mencionada como “Obligación de reglamentar”, se establece un plazo para la reglamentación de aquellas normas que no lo incluyen en su articulado.
La propuesta de “Hábeas Norma” tendrá por objeto el dictado de una decisión jurisdiccional que declare la existencia de la omisión de reglamentar y emita un mandato de hacerlo al organismo competente. Mediante esta iniciativa se procura una vía jurisdiccional excepcional destinada a salvaguardar el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, así como en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
FUENTE:Sabrina Santopinto (Editora PuntoJus)
“Macri falsea permanentemente sus contratos con la ciudadanía. La falta de reglamentación implica en la práctica un doble derecho de veto, lo que constituye una violación a los principios de la Constitución de la Ciudad”, así la legisladora porteña de la Coalición Cívica, Diana Maffía, cataloga lo que puede entenderse como una falla en la gestión del actual Jefe de Gobierno porteño, que podría traducirse en “una forma de veto velada que funciona como mecanismo para frenar leyes sin asumir el costo político que estas decisiones pueden conllevar”.
Lo cierto es que las cifras son algo desalentadoras, ya que en la Ciudad de Buenos Aires se han sancionado un total de 3056 leyes (según lo informado en la página Web del la Dirección General Centro Documental de Información y Archivo Legislativo), de las cuales se encuentran vigentes 2847, entre las que requieren reglamentación parcial o total cerca del 15 por ciento.
Según un informe elaborado por el equipo técnico de la legisladora Maffía, de un conjunto de más de 400 leyes que necesitan intervención del Poder Ejecutivo, el 72% (302 leyes) todavía no cuenta con su respectiva reglamentación por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Lo que se está atravesando es peor que tener una ley trabada, dado que si el Ejecutivo veta una ley, tiene que expresar su fundamentación y esta oposición queda públicamente de manifiesto, en cambio si no se reglamenta, no se afronta ningún costo político que pueda llegar a traer aparejada la decisión”, sentencia Maffía.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Pablo Arenaza es firme cuando manifiesta su punto de vista y explica que se trata de “una irresponsabilidad que no se reglamenten leyes que son aprobadas por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en cuyo texto se explicita la obligación del Poder Ejecutivo de reglamentar la norma”.
Según la información a la que accedió este diario, una tercera parte de las leyes vigentes no reglamentadas por el Poder Ejecutivo corresponde a cuestiones que afectan a las condiciones de vida inmediatas de los ciudadanos, por ser competencia relativa de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud. Un 20% de estas normas corresponde al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y un 3% es de incumbencia del Ministerio de Hacienda.
Diego Kravetz, titular de la bancada K porteña, considera que la jugada política es “una forma de llevar una ley a letra muerta. Porque en definitiva, sobre todo en la Legislatura, donde la mayoría de las leyes han sido consensuadas por los bloques, es como dejar sin efecto lo que piensa la mayoría de los votantes de la Ciudad de Buenos Aires incluyendo, en algunos casos, al bloque oficialista. Se desvirtúa así la voluntad popular inclusive de quien está gobernando, es como no prestar atención a sus propios votantes”.
Desde el PRO, el legislador Fernando De Andreis, comenta que se trata de resultados parciales ya que, a su entender, “la oposición ha analizado el tema en forma genérica, sin analizar caso por caso la totalidad de las leyes individualizadas y no refleja la real situación de las leyes sancionadas por la Legislatura. Es una apreciación parcial. Muchas veces la oposición está más preocupada en poner palos; en cambio, nosotros apelamos al diálogo y a la búsqueda de consensos”.
El diputado a su vez acusa la postura de la oposición y explica que “en los últimos tiempos hemos sido víctimas de ataques hostiles basados en cuestionamientos a diferentes designaciones de funcionarios, vetos de leyes. Pero, mientras la oposición continúe atacándonos, nosotros seguiremos trabajando y generando leyes y políticas públicas beneficiosas para nuestros vecinos”.
URGENCIA SOCIAL
Cuando se trata de la distribución de presupuesto, el conflicto parece acentuarse significativamente, lo que genera aires de disconformidad entre los integrantes de la oposición porteña.
Desde el bloque de la Coalición Cívica explican que en el caso de la Ley de Atención y Prevención de Adicciones -un tema de suma urgencia en materia social- la totalidad del presupuesto depende del Ministerio de Desarrollo Social, a pesar de que la ley indicaba que debía tratarse de un trabajo interministerial, en el que debían intervenir el Ministerio de Salud, Educación y Seguridad. Dado que no existió la reglamentación de la norma, el Ministerio de Desarrollo Social tomó la iniciativa de una reglamentación parcial y pidió presupuesto, quedándose así con la disposición total de más de 10 millones de pesos. “Desarrollo Social finalmente destinó cero pesos de su presupuesto a la prevención de adicciones, y esto porque la prevención no es negocio para nadie”, critica Maffía.
En lo que refiere a la información de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, surge que entre las leyes que aún esperan reglamentación se encuentran algunas normas vinculadas con derechos consagrados en la Constitución de la Ciudad como la ley Nº 120/98 -de Empleo, la ley Nº 2202 -Derecho a la identidad- y la 2784 -Prevención y Asistencia Víctimas Violencia Familiar y Doméstica- cuyo ejercicio se ve cercenado por la ausencia del texto normativo específico que lo reglamente.
Las voces de disconformidad entre los bloques opositores se hacen escuchar en los pasillos de la legislatura porteña, donde acusan al Jefe de Gobierno de llevar adelante políticas hegemónicas y carentes de gestión social. “Si hacemos un consenso en la legislatura para sacar una ley, donde se supone que todos los bloques estarían representados, y acto seguido el Ejecutivo procede de esta forma, sencillamente se está violentando la voluntad legislativa que representa a las mayorías y a las minorías de la Ciudad”, critica duramente Maffía.
La diputada nacional del Movimiento Popular Neuquino, Alicia Comelli, expuso su opinión en el marco de las Jornadas sobre Reglamentación de Leyes, y advirtió que en caso de no reglamentarse una norma, sería importante que “se tenga la potestad de sancionar al funcionario que omitió dicho acto normativo”.
Por su parte, el senador nacional del partido Proyecto Buenos Aires Federal, Samuel Cabanchik -también presente en el debate- hizo hincapié en la necesidad de terminar con “la omisión que se repite en numerosas administraciones nacionales y jurisdiccionales” y remarcó que “el veto genera una especie de perversión del sistema republicano tal cual está consagrado en la Constitución Nacional. Tenemos que fortalecer de los legislativo, la fuerza del derecho; el lugar que la República le da a los que no tienen poder”.
Desde el bloque K, Kravetz explica que esta problemática fue tratada durante la pasada Jefatura de Gobierno y los posibles caminos a seguir, en aquel momento, fueron dos: llevar el tema a la justicia para que haga operativas las leyes sancionadas, o encarar la problemática desde el estamento político repudiando la actitud del Jefe de Gobierno. En lo que refiere al panorama actual, Kravetz comenta que no considera que deba emprenderse el camino de la justicia ya que “hay que en cuestiones políticas es en este terreno donde hay que ganar o perder, y creo que lo que se puede hacer es repudiar su actitud y pedirle que empiece a hacer operativas la leyes”.
POSICIONES
En el ranking de esta falla de gestión, no existe ex Jefe de Gobierno que se salve. Así, Mauricio Macri se alza en el podio de incumplimientos, encabezando las estadísticas con un total de 98 leyes sin reglamentar, llevando cumplida recién la mitad de su período. “Seguramente se ha tratado de una falta de voluntad por ejecutar definiciones que la Legislatura ha convertido en ley. Sin embargo, lo relevante aquí es que el Poder Ejecutivo cuenta con una herramienta constitucional, que es el veto, si no está de acuerdo con una ley ¿Por qué incurre en una falta si puede hacerlo por una vía legal? En otros casos, quizás, porque las mismas leyes no especifican los plazos para la reglamentación, a lo que podría sumarse una gran carga burocrática que demora la redacción y aprobación de la requerida norma complementaria”, explica Arenaza. Los datos marcan que un tercio (36,4%) de las leyes vigentes no reglamentadas fue sancionado y publicado durante la Jefatura de Gobierno a cargo de Aníbal Ibarra; otro tercio (32,5%) durante la actual gestión del Jefe de Gobierno del PRO, mientras que los restantes índices corresponden a los períodos de gobierno de Jorge Telerman, Fernando De la Rúa y Enrique Olivera. Lo cierto es que -según el relevamiento- desde 1997 a 2009, tomando como base de cada 100 días de gobierno, se omitieron reglamentar 6 leyes que así lo requerían, mientras que en la actual gestión de Macri se omitieron reglamentar 18 leyes, triplicando la media del período de análisis. Es seguido de cerca por el gobierno de Jorge Telerman con 10 leyes no reglamentadas por cada 100 días de mandato. “Esta falta de gestión no perjudica el funcionamiento legislativo porque el Cuerpo no va a dejar de legislar por la desidia del Ejecutivo de no proceder con la reglamentación en los casos en los que es necesaria”, concluye Arenaza. Frente a este panorama, se ve a todas luces que la vida política de la Ciudad parece estar sumida en una preocupante transición de déficit de gestión; en medio de este panorama, desde la Jefatura de Gobierno porteña se reclama permanentemente mayor independencia a la Nación, pero los hechos dejan ver una real falta de capacidad que no hace más que referirse a una Ciudad a la que le falta mucho camino por recorrer.
PROYECTOS DE LEY
Desde la Coalición Cívica, Maffía presentó dos proyectos de ley que buscan encaminar las gestiones en lo que refiere a reglamentación de leyes: Obligación de Reglamentar y Acción de Hábeas Norma.
En lo que refiere a la iniciativa mencionada como “Obligación de reglamentar”, se establece un plazo para la reglamentación de aquellas normas que no lo incluyen en su articulado.
La propuesta de “Hábeas Norma” tendrá por objeto el dictado de una decisión jurisdiccional que declare la existencia de la omisión de reglamentar y emita un mandato de hacerlo al organismo competente. Mediante esta iniciativa se procura una vía jurisdiccional excepcional destinada a salvaguardar el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, así como en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
FUENTE:Sabrina Santopinto (Editora PuntoJus)
martes, 9 de febrero de 2010
La 16 de enero de 1959 con Néstor!!
EStuvimos en la puerta del Sannatorio Los Arcos haciéndole el aguante al Compañero Néstor Kirchner.
domingo, 31 de enero de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)